Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Establecida en 1997 mediante la fusión del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas y el Centro para la Prevención Internacional del Delito, la UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados miembros a abordar las cuestiones de las drogas, el delito y el terrorismo. Al trabajar en cooperación con nuestros socios y a través de nuestra red de oficinas de campo, la UNODC ayuda a los Estados miembros que enfrentan problemas urgentes, incluido el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, los delitos contra la vida silvestre, los delitos marítimos, los delitos cibernéticos y el tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y bienes culturales. Además, la UNODC busca combatir la corrupción, reforzar los esfuerzos para prevenir y contrarrestar el terrorismo, y mejorar el desarrollo alternativo y el acceso a sustancias controladas con fines médicos, promover enfoques basados en evidencia para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del uso de drogas, así como del VIH y el SIDA. La Oficina tiene una estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para reforzar la necesidad de poner la salud pública en el centro de todas las respuestas al problema mundial de las drogas.

Los tres pilares del programa de trabajo de la UNODC son:

1. Proyectos de cooperación técnica basada sobre el terreno para mejorar la capacidad de los Estados miembros para contrarrestar las drogas ilícitas, el delito y el terrorismo.
2. Trabajo de investigación y análisis para aumentar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones relacionadas con las drogas y la delincuencia y ampliar la base empírica para la toma de decisiones políticas y operativas.
3. Labor normativa para ayudar a los Estados en la ratificación y aplicación de los tratados internacionales pertinentes, la elaboración de leyes nacionales sobre drogas, delincuencia y terrorismo, y la prestación de servicios sustantivos y de secretaría a los órganos rectores y aquellos creados en virtud de tratados.